El 21 de mayo del 2021 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y trajo consigo varios cambios significativos en el tratamiento y protección de los datos personales en el país. Algunos de los aspectos más destacados de la Ley incluyen la definición de principios de protección de datos, se establecen los derechos de los titulares de los datos, las sanciones por el mal manejo de los datos personales, lo cual, busca garantizar un adecuado nivel de protección de los datos personales de los ciudadanos, estableciendo principios, derechos y obligaciones para quienes tratan estos datos, así como también mecanismos de supervisión y sanción para asegurar su cumplimiento.
Posteriormente, el Presidente de la República suscribió el Decreto Ejecutivo No. 904 emitido el 06 de noviembre del 2023 mediante el cual se expidió el Reglamento General de la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales, aquel reglamento, enfatiza en los aspectos necesarios para desarrollar y aplicar el marco legal en favor de la protección, tratamiento y custodia de información protegida constitucionalmente.
Ahora bien, mediante Resolución 043-2024 el Consejo de la Judicatura menciona lo siguiente: en aras de garantizar el derecho al honor, buen nombre y a la protección de datos personales, así como, a la no discriminación por pasado judicial de las y los ciudadanos, se ha considerado necesario contar con un Reglamento dirigido a las y los servidores administrativos y jurisdiccionales que tienen a su cargo el manejo de los módulos que conforman el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), a fin de que se cuente con los criterios normativos necesarios para la modificación, rectificación y ocultamiento de los datos personales que constan en los procesos judiciales que tienen bajo su conocimiento los servidores jurisdiccionales de la Función Judicial.
El reciente Reglamento para el Tratamiento de Datos Personales en Procesos Judiciales en Ecuador expedido el 27 de febrero del 2024 plantea ciertos puntos relevantes a considerar en cuanto a protección de datos personales se trata. Si bien es importante regular la distribución de estos datos, algunas disposiciones pueden resultar problemáticas. Por ejemplo, la posibilidad de ocultar datos en las razones actuariales y providencias podría alterar la integridad del expediente digital, lo cual es crucial para garantizar la transparencia y la justicia en los procesos judiciales. Además, esta medida podría generar una mayor carga de trabajo en las unidades judiciales, ya que los usuarios tendrían que acudir a ellas para acceder a la información completa de un caso, lo que podría afectar la eficiencia del sistema judicial.
Otro aspecto a considerar es el riesgo de vulneración del debido proceso y la seguridad jurídica si se permiten modificaciones de datos personales sin un criterio claro o un escrutinio adecuado por parte de los jueces. Esto podría socavar la confianza en el sistema judicial y poner en peligro la equidad de los procesos.
Por otro lado, es positivo que el Reglamento incluya una definición clara de qué se consideran datos sensibles, ya que esto ayuda a evitar la ambigüedad y proporciona una guía clara sobre cómo deben tratarse estos datos en el contexto judicial.
La disposición general única del reglamento enfatiza la responsabilidad de los jueces en el tratamiento de los datos personales de individuos que hayan sido parte en procesos penales y hayan sido absueltos o declarados inocentes. Esta disposición busca asegurar la protección de la privacidad y los derechos de estas personas, al permitir que los jueces dispongan el ocultamiento de sus datos personales en el sistema judicial. Sin embargo, esta medida plantea ciertas consideraciones, especialmente en lo que respecta a la integridad del expediente y la transparencia del proceso judicial. Es importante que los jueces evalúen cuidadosamente cada caso para garantizar un equilibrio entre la protección de datos personales y la necesidad de mantener la integridad del expediente y la transparencia del proceso. En este sentido, la disposición refleja la preocupación por salvaguardar los derechos de los individuos inocentes, pero también destaca la importancia de garantizar la eficacia y la imparcialidad del sistema judicial.
Si bien el Reglamento busca proteger la privacidad de los datos personales de las partes procesales, es importante abordar estas preocupaciones para lograr un equilibrio adecuado entre la protección de la privacidad y la transparencia y eficiencia en el sistema judicial. Esto podría implicar revisar ciertas disposiciones para garantizar que no comprometan la integridad de los expedientes ni pongan en riesgo el debido proceso y la seguridad jurídica.
Autores: Jaime Noboa , Sebastian Macias
