Ecuador vive una crisis sin precedentes. Grupos criminales armados controlan territorios, corrompen instituciones y sostienen un ciclo de violencia letal. En respuesta, el presidente Daniel Noboa ha presentado la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, una reforma legal que apunta al corazón de estas mafias: su dinero.
El objetivo es claro: cortar los flujos ilícitos que financian a los grupos armados organizados, que no solo trafican drogas, sino que también manejan redes de extorsión, minería ilegal, secuestros y lavado de activos.
Decreto Ejecutivo: Conflicto Armado Interno
Lo más relevante es el reconocimiento formal del conflicto armado interno. Basta con que el Presidente emita un decreto ejecutivo que identifique a los grupos armados involucrados para habilitar un régimen jurídico especial de actuación.
Nuevo enfoque en el uso de la fuerza
Se propone un régimen especial para que Fuerzas Armadas y Policía actúen con mayor agilidad, incluso sin orden de allanamiento previa. Jueces especializados evaluarían posteriormente la legalidad de las intervenciones.
Además, se contempla que policías y militares no sean enviados a prisión preventiva por acciones derivadas de su deber en el conflicto, y puedan recibir indultos anticipados.
Asfixiar la economía criminal
Nuevas funciones para la UAFE
La Unidad de Análisis Financiero y Económico tendrá un rol central para detectar y bloquear flujos financieros ilegales:
Bienes protegidos
Se prohíbe usar bienes civiles como escudos humanos. La ley protege:
Prohibición del reclutamiento forzado
La ley prohíbe expresamente el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados.
Conclusión
Esta ley no solo busca castigar al crimen, sino también proteger a los inocentes, reconstruir zonas afectadas y blindar la economía legal. Representa una estrategia integral: combate, control financiero, justicia, prevención y reparación.
¿Qué sigue? La Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse. Si no lo hace, el Presidente podrá promulgarla por decreto-ley. Es un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
